calles franquistas

“La señora alcaldesa ni respeta la ley ni la voluntad mayoritaria de Pamplona”.

Resulta paradójica la reacción de la Alcaldesa Yolanda Barcina ante la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que obliga al Ayuntamiento de Pamplona a cambiar el nombre a 20 calles con denominación de personas del régimen franquista.

Cuestionar a un vocal del TAN por su filiación política es un absurdo que denota poco respeto hacia la institución. Si el Tribunal hubiera visto alguna incompatibilidad hubiera actuado de oficio, además, tiempo ha tenido la señora Barcina para recusar al Sr. Izu y no lo ha hecho. En definitiva, es una escusa de “mal pagadora”.

Y el mayor absurdo es anunciar que el Ayuntamiento va a recurrir la resolución del TAN, cuando recientemente la mayoría de la Ciudad a través de una moción en pleno de Nafarroa Bai (con fecha de 16 de noviembre de 2007), le ha solicitado al equipo de gobierno de UPN que cambie el nombre de dichas calles con denominación franquista. Más concretamente, la moción de Nafarroa Bai aprobada solicitaba lo siguiente:

1. Que se realice un censo de los símbolos y denominaciones franquistas a fin de que se proceda a la retirada de de nuestra ciudad tal y como preve la Ley Foral de Símbolos de Navarra.

2. Se procederá a renombrar las calles de la ciudad que actualmente tienen el nombre de personajes franquistas.

3. Que se elimine del término municipal de Pamplona-Iruña las rotulaciones con la expresión “caídos por Dios y por España”.

4. Estas medidas se llevarán a cabo con la máxima celeridad y en todo caso deberán estar finalizadas antes de un año.

En definitiva, con esta actuación la Sra. Barcina va contra la voluntad de la mayoría democrática de esta ciudad, cuestiona una institución independiente como el TAN y todo ello para perjuicio económico de la ciudad con recursos jurídicos totalmente innecesarios, pues son contrarios a la voluntad mayoritaria de la ciudad.

Hay que recordar que la Ley Foral de Símbolos de Navarra, en su disposición transitoria establece que "en el plazo de una año desde la entrada de esta Ley Foral, las autoridades en ella referidas procederán a la retirada sustitución de la simbología propia del régimen franquista. Aquellos símbolos que estén integrados en edificios declarados de carácter histórico-artístico serán sustituidos y enviados para su custodia a la Institución Príncipe de Viana, salvo que resulte materialmente imposible la operación de sustitución."

La presencia innecesaria, de estos símbolos y leyendas supone un grave perjuicio contra la memoria de las víctimas de ese régimen y supone un grave ataque contra el más elemental sentido democrático.